No a la “fuga de cerebros”: reflexiones sobre la suspensión de la Ley de la Economía del Conocimiento.
Por una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, han sido suspendidos a partir del primer día de este año y sin plazo los beneficios impositivos para las empresas del sector de la economía del conocimiento. De esta manera se anulan dos resoluciones del gobierno de Mauricio Macri que ponían en marcha el régimen de incentivos, dirigido principalmente a empresas del sector informático.
Si bien el gobierno de Alberto Fernández aclara que tiene una opinión positiva de la ley y la medida es provisoria hasta decidir cuál será su implementación, dicha actitud genera incertidumbre entre las empresas del sector. ¿Cuándo y de qué manera será implementada la ley, y de qué manera impactará en su negocio? Estas incertidumbres sin dudas retrasarán decisiones de inversión de casi medio centenar de empresas.
La economía del conocimiento cuenta con la capacidad de generar 400.000 empleos en los próximos diez años y es actualmente uno de los principales sectores exportadores del país generando US$ 5.300 millones en 2018, superado solamente por los sectores agropecuario y automotriz, según datos de la entidad que reúne al sector, Argencon. En tiempos de recesión, falta de dólares y desempleo, es interesante pensar en el aporte de dicho rubro a la economía del país.
En un mundo altamente competitivo es importante tener una visión estratégica y estimular a los rubros que más nos ayudan a posicionarnos en el esquema mundial. Quitando o posponiendo incentivos a una industria no tradicional pero con cada vez mayor relevancia en el mundo, le cedemos el lugar a otros actores, corriendo el riesgo de una “fuga de cerebros”, con empresas y profesionales que se instalan en otros países. Los recursos humanos ligados a la tecnología son altamente requeridos a nivel mundial y por ello es importante crear una marco político adecuado para que continúen desarrollándose en el país.
Durante 2018, en plena crisis económica, el sector generó 5300 empleos genuinos, quedando 3000 posiciones sin cubrir por no contar con una oferta profesional suficiente.
Uno de los argumentos del Gobierno es que desea repartir los beneficios teniendo en cuenta el tamaño de la empresa en cuestión. Esto significa, a mayor tamaño de la empresa, menores beneficios, independientemente de cuánto empleo genere y de su aporte a la recaudación fiscal.
Ahora bien, dejando de lado las cuestiones políticas de cada momento, si quisiéramos que el país deje atrás su rol de productor de materias primarias, ¿no sería óptimo revisar la carga impositiva de un sector que aporta productos y servicios de gran valor agregado? ¿No sería también interesante debatir a cuestión de cómo se distribuye la carga impositiva en el total de la economía argentina? Esto parece una frase hecha, pero su sola mención nos da una idea de cuán postergado está el asunto. Los constantes vaivenes de la economía y la necesidad de recaudar por parte del Gobierno de turno puede llevarlo a tomar medidas de neto corte fiscalista, lo que puede llevar a la fuga mencionada anteriormente, ya que una de las características del rubro es la facilidad de trasladarse y realizar sus tareas desde cualquier lugar.
Vamos a estar de acuerdo en el hecho de que cada actor y cada sector debería tributar lo que le corresponde en función de su producción y/o patrimonio, pero si no establecemos rápidamente y de manera sostenida reglas de juego lo más claras posibles, muchas empresas pequeñas o medianas pueden encontrar visibles obstáculos en cuanto a su posible crecimiento y su perspectiva de negocios. Nunca es bueno meter a todos en la misma bolsa.
Desde el Gobierno aseguran que no busca perjudicar al sector, pero entiende que debe “corregir” su reglamentación. Confirmaron también que se ha reunido con los presidentes de las firmas más grandes (Mercadolibre, Globant, IBM, entre otras) para explicar que “no hay un tema puntual contra nadie”.
¿En qué consisten las medidas suspendidas desde el 1 de enero pasado? La iniciativa, aprobada el 22 de mayo del año pasado, otorga reducciones e incentivos fiscales al desarrollo de software y otras industrias vinculadas a la “economía del conocimiento”, además de incorporar rubros como servicios informáticos y digitales, producción audiovisual, biotecnología, bioquímica y microbiología. También contemplados en la misma se encuentran los servicios geológicos, nanotecnología, industria aeroespacial, satelital, nuclear, videojuegos y robótica, electrónica, comunicaciones y “todos los servicios profesionales que tengan por objeto la explotación”. Según el senador Esteban Bullrich, el costo fiscal de la ley en el corriente año será de $12.192 millones, mientras que fuentes del sector hablan de US$130 millones de costo.
La ley también crea un “régimen de incentivo para la participación privada en la financiación y sostenimiento de actividades de investigación en ciencia y tecnología aplicada a realizarse en instituciones universitarias”.
Mercadolibre, plantea “dar todas las batallas que pueda” en terminos políticos, legales y discursivos frente a este tipo de resoluciones, aunque afirman que desde la reunión entre su CEO, Marcos Galperín, y el entonces candidato Alberto Fernández, sabían que esto iba a suceder.
(*) Docente de la Fundación UADE, conferencista y especialista en tecnologías emergentes
